Hay veces en que, por la trayectoria que marcan algunos políticos y algunos Gobiernos locales, autonómicos o centrales, algunas decisiones ya no extrañan a nadie. Eso podríamos decir de el Gobierno municipal de León, de su alcalde y algunos de sus concejales. Lo que pasa es que, aunque haya determinadas cosas que ya no extrañen a nadie, no dejan de ser esperpénticas. Este alcalde que ahora dice que no va a devolver el dinero del IBI a los leoneses pese a que haya una sentencia ya en su contra es el mismo al que se le llena la boca cuando dice que tiene cumplido o que cumplirá el 90 por ciento de su programa. ¿Qué credibilidad puede ofrecer alguien que en un Pleno dice, altivo y prepotente, que devolverá el IBI si es condenado y, cuando es condenado, se niega a hacerlo?

La palabra en un político es sagrada. Por eso, a éste alcalde ya no sólo se le recordará como el peor alcalde de la historia reciente de León sino por aquel que se negó a cumplir su palabra con los ciudadanos. Ahora, en un ejercicio impresentable de desfachatez política, dicen los socialistas que la culpa es de la Diputación y que la sentencia no es firme. Claro, no es firme porque la van a recurrir para no pagar. Y, si cuando resuelva el Supremo, Fernández ya no es alcalde, ¿quién le devolverá a los ciudadanos su dinero o qué alcalde tendrá que asumir la gracia de Fernández?

El caso de Miguel Ángel Cardo es aparte. Un concejal gris, triste y simplón en su desempeño de la política que acumula condenas y sentencias judiciales en contra y que, por un error infantil impropio de una persona capacitada para su puesto, deja en ridículo al alcalde, le obliga a comprometerse con que devolverá el dinero y, cuando son condenados, tiene que salir a dar explicaciones peregrinas. Si el alcalde cumpliese su palabra y tuviese palabra, éso le salva a Cardo, éste sería, por su incapacidad, el que directamente sería el responsable de la ruina municipal por tener que devolver nueve millones de euros a los ciudadanos.

Lo que nos preguntamos es qué necesita este ex empleado de Caja España en un pequeño pueblo de León para irse a casa, dejar el puesto y no poner más en ridículo su gestión y la de su alcalde.